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El discurso de Lagos sobre violaciones a los derechos humanos en Chile

(29/11/04)


Chilenas y chilenos:

He recibido el Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y
Tortura. El informe es público y estará al alcance de todos los chilenos
y de la comunidad internacional a partir de este momento.

Creo no equivocarme al señalar que este Informe constituye una
experiencia sin precedentes en el mundo. Ha sido capaz de entrar
–treinta y un años después– a una dimensión oscura de nuestra vida
nacional, a un abismo profundo de sufrimientos y de tormentos.

He leído y analizado este Informe con mucho cuidado. Allí está el
testimonio de más de 35 mil personas residentes en Chile y el
extranjero. Veintiocho mil de esos testimonios han sido aceptados como
válidos, y algo más de 7 mil no cumplieron los estrictos requisitos para
ser aceptados por la Comisión. Estas 7 mil personas tendrán derecho a
que su situación sea revisada por la Comisión, la cual volverá a
estudiar sus antecedentes para tomar una decisión definitiva.

El informe nos hace mirar de frente una realidad insoslayable: la
prisión política y las torturas constituyeron una práctica institucional
de Estado que es absolutamente inaceptable y ajena a la tradición
histórica de Chile.

Recorrer los miles de testimonios me ha conmovido, como les conmoverá a
ustedes cuando lo lean; los relatos de las víctimas estremecen. He
sentido muy de cerca la magnitud del sufrimiento, la sinrazón de la
crueldad extrema, la inmensidad del dolor.

Expreso públicamente mi solidaridad, mi afecto, mi aprecio y mi cariño a
todas las víctimas y a sus familias.

Al leer este Informe, tres preguntas nos recorren una y otra vez:

La primera: ¿Cómo explicar tanto horror? ¿Qué pudo producir conductas
humanas como las que allí aparecen? No tengo respuesta frente a ello.
¿Cómo explicar que el 94% de los detenidos señalen que fueron objeto de
torturas? ¿Cómo explicar que, de las 3.400 mujeres que entregaron
testimonio, casi todas señalen haber sido objeto de alguna violencia sexual?

Segunda pregunta: ¿Cómo pudimos vivir 30 años de silencio? Sin duda, por
el miedo. Pero también el silencio se relaciona con una actitud de
dignidad básica de la persona. El Informe lo dice: "descorrer el velo de
la tortura, de la humillación, de la violación física y psicológica, es
algo muy difícil de hacer. Incluso ante los propios cónyuges. Y ese
mismo silencio comprensible fue ahondando el daño de los sufrimientos no
compartidos, de aquello que preferimos esconder, ocultar, arrancar de
los archivos de nuestra historia".

Vidas quebradas, familias destruidas, proyectos personales tronchados,
incapacidad de poder dar a sus hijos una vida mejor. Todo ello se ha
vivido durante años y años cubierto por un velo de silencio, espeso,
insano. Eso tenía que terminar; ha terminado.

El silencio no pudo convertirse en olvido.

La tercera pregunta: ¿Qué sentido tiene hacer un Informe 31 años
después? El Informe lo dice: que "la experiencia de la prisión política
y la tortura representó un quiebre vital que cruzó todas las dimensiones
de la existencia de las víctimas y de sus familias, y que las acompañan
hasta el presente".

No se trata sólo de horrores cometidos hace 31 años; se trata también de
daños que permanecen hasta el día de hoy. Se trata también de una verdad
que nos era debida, que era necesaria para completar la justicia y
reparación para estas familias y que ellas tienen derecho.

Reconocer el desvarío, la pérdida del rumbo que hizo que las
instituciones armadas y el Estado se apartaran de su tradición
histórica, de sus propias doctrinas que las vieron nacer y
desarrollarse, es lo que nos permite retomar la senda de siempre y
enfrentar con optimismo el futuro.

Sin duda alguna, el trabajo de la Comisión, la publicación del Informe,
es el acto más importante para reparar a las víctimas en su dolor.

Se terminó el silencio, se desterró el olvido, se ha reivindicado la
dignidad de cada uno de ellos.

Pero ello requiere algo más. Si está comprometida la responsabilidad de
los agentes del Estado, lo que corresponde es que el Estado adopte
medidas que ayuden a mitigar los efectos de tanto dolor.

Lo digo claramente: estas medidas tienen que estar orientadas a sanar
las heridas, no a reabrirlas.

Y en este sentido, comparto las tres líneas de reparación que presenta
la Comisión. En primer lugar dice "tienen que haber medidas
institucionales, las cuales tienen que cristalizar en la creación de un
Instituto Nacional de Derechos Humanos que promoverá, a través de la
educación, el respeto a dichos derechos y a la vez se hará cargo del
patrimonio y la confidencialidad de la información acumulada en Chile,
desde los archivos de la Vicaría de la Solidaridad hasta el trabajo de
esta Comisión.

En segundo lugar, medidas simbólicas y colectivas que deberán expresar
el reconocimiento moral del Estado y la sociedad hacia las víctimas,
como asimismo medidas jurídicas que prevengan a las actuales y futuras
generaciones de esta terrible experiencia. Estas medidas, por cierto, y
esto es muy importante, no deben producir afrenta alguna a las Fuerzas
Armadas, pues ellas son instituciones permanentes de la República y
pertenecen a todos los chilenos.

En tercer lugar, las medidas de reparación individuales, que se expresan
tanto en el ámbito jurídico como en el económico.

Las jurídicas, básicamente se refieren a cómo restablecemos la honra de
estas personas. La mayor parte de las veces fueron acusadas de delitos
que nunca cometieron, y por tanto, el restablecimiento pleno de sus
derechos ciudadanos.

En el ámbito económico, lo he dicho antes, es imposible reparar daños
físicos y espirituales que han marcado la vida de tantos compatriotas.
Creo que sería una falta de respeto hacia las víctimas el que este
valioso proceso de regeneración moral derivara en una pura discusión
sobre dineros.

No obstante, considero que el Estado ya hizo un esfuerzo respecto de los
familiares de los ejecutados y desaparecidos, respecto de quienes
sufrieron el exilio, respecto de quienes fueron exonerados de sus
trabajos por razones políticas. Debe entonces ahora el Estado entregar
una compensación que, aunque sea austera, es una forma de reconocer su
responsabilidad en lo ocurrido.

He meditado mucho este tema, y las víctimas, la mayor parte de las
cuales tienen más de 55 años, las mujeres, más de 60 años en promedio, y
por ello pienso que la reparación más adecuada es a través, a todas las
víctimas, de una pensión que les ayude a tener una mejor calidad de vida
en los años que tienen por delante.

Al tomar una decisión respecto de su monto, tengo que tomar en cuenta
todas las obligaciones que el Estado tiene con toda la sociedad, con
todos los chilenos, particularmente con las familias más pobres de
nuestra patria.

Por eso, haciendo el máximo esfuerzo, he decidido enviar al Congreso
Nacional un proyecto de ley de reparación que establece que cada una de
las víctimas reciba una pensión, por todo el resto de su vida,
equivalente al valor de una y media pensión mínima, esto es, algo más de
112 mil pesos mensuales, que aumentan cuando se cumplen los 70 y 75 años
de edad. Quienes reciban una pensión por causa de derechos humanos, esa
pensión se le imputará a esta nueva pensión.

Estoy conciente que para muchos el reconocimiento de su calidad de
detenido político constituye ya una reparación moral suficiente para
recuperar su dignidad. Es probable que muchos de ellos, en un gesto
solidario, renuncien a la reparación económica a que tienen derecho, y
quiero decir que esos fondos, a los cuales ellos renuncian, serán
aportados para las actividades del Instituto Nacional de Derechos Humanos.

De otra parte, y acogiendo la propuesta de la Comisión, he resuelto que
las víctimas que están en este Informe, tengan también una acogida
preferencial en el ámbito de la educación, la salud y la vivienda.

En educación, todos aquellos que por alguna razón de prisión o tortura
vieron impedidos sus estudios, el Estado les garantizará la continuidad
gratuita de sus estudios, sean a nivel básico, medio o universitario
superior. En materia de salud, todas las víctimas tendrán gratuidad en
la atención institucional y serán beneficiarios del Programa de
Rehabilitación y Atención Integral de Salud (PRAIS). Además, el Estado
les garantizará los apoyos técnicos y la rehabilitación física necesaria
a aquellas víctimas que hayan quedado con problemas físicos como
consecuencia de la prisión o la tortura. En vivienda, tendrán un
tratamiento preferencial para acceder a los beneficios de la vivienda,
los cuales serán próximamente dados a conocer por la bi-ministra del ramo.

Chilenas y chilenos:

Quisiera de una manera especial esta noche agradecer el trabajo de los
comisionados, de sus colaboradores. Ellos cumplieron una tarea dolorosa,
dolorosa como pocas. Al hacerlo, demostraron un inmenso amor a la patria.

Quiero también agradecer a todos los chilenos, todas las chilenas, que
prestaron testimonio y estuvieron dispuestos a revivir su sufrimiento
por el bien de Chile. Tal como ellos lo pidieron, sus testimonios serán
confidenciales y, por tanto, nadie tendrá acceso a ellos durante los
próximos 50 años.

El camino de hacernos cargo de este pasado ha sido largo, difícil,
complejo. Asumir la cruda verdad de lo ocurrido y la responsabilidad de
lo obrado, no ha sido fácil para ningún chileno.

Como sociedad hemos ido abriendo los ojos a la realidad de nuestros
compatriotas, los desaparecidos, los ejecutados, los exiliados, los
exonerados. Ahora, abrimos los ojos a quienes sufrieron prisión política
y tortura.

Como Estado, en la medida de las posibilidades, hemos ido proponiendo y
definiendo medidas de reparación moral, simbólica, y también económicas,
a todas las personas que han sido víctimas de aquellos atropellos a sus
derechos fundamentales. Con el reconocimiento de las víctimas de la
prisión política, completamos un capítulo por el cual teníamos que
pasar. Pero lo completamos para mirar el futuro, no para escudriñar
eternamente en el pasado.

Lo hemos hecho no para reavivar rencores y divisiones, sino para
fortalecer la convivencia y la unidad de todos los chilenos. Ese es el
espíritu de este Informe. Ese es el espíritu que debe prevalecer una vez
conocido el sufrimiento y el dolor.

Porque hemos sido capaces de mirar toda la verdad de frente, podemos
empezar a superar el dolor, a restaurar las heridas.

Para nunca más vivirlo, nunca más negarlo



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