CONFLICTOS SOCIALES EN BOLIVIA
(29/09/03)
El presidente boliviano, Gonzálo Sánchez de Lozada, inicia una semana dramática para su gobierno, jaqueado por una huelga general que comienza hoy, por un creciente desabastecimiento en la capital y por una ola de pedidos para que se vaya del poder.
La Central Obrera Boliviana (COB) convocó a una movilización nacional a partir de hoy para lograr la dimisión de Sánchez de Lozada y todo indica que logrará por lo menos ahogar a la ciudad de La Paz.
Con los sectores obreros reducidos a su mínima expresión por el desempleo, la COB parecía estar condenada al fracaso, pero un sindicato de transportistas de La Paz decidió salir en su auxilio y amenaza con cercar la sede del gobierno usando 500 vehículos.
Sindicatos radicalizados de Cochabamba, en el centro de Bolivia, anunciaron que llegarán a La Paz el lunes para sumarse a la protesta de los campesinos que están haciendo un cierre de carreteras y han sumido a la ciudad en el desabastecimiento.
De esta manera, el inspirador de los cortes, el aimara Felipe Quispe, dirigente nacional de los campesinos y jefe del partido Movimiento Indigenista Pachacuti (MIP), ha ganado fuerza después de cumplir una huelga de hambre de dos semanas.
Quispe se sumó ayer a los pedidos para que dimita Sánchez de Lozada. "Este gobierno debe renunciar, debe irse porque no quiere atender nuestras demandas." Además, advirtió que a partir de ahora se "intensificarán los bloqueos de caminos y de productos agropecuarios".
Las exigencias que plantean los grupos de la protesta son variadas, con el único común denominador de que se oponen a la venta del gas natural que se descubrió en el sur del departamento (provincia) de Tarija, muy cerca de la frontera con Argentina. Se oponen a la venta del gas sobre todo si debe hacerse a través de un puerto bajo administración chilena, en un territorio que los bolivianos reclaman desde la invasión chilena de 1879.
El líder de la COB, Jaime Terán, se ha propuesto movilizar a los mineros que quedan cerca de Oruro, en la mina Huanuni, para que cierren ellos también alguna carretera a partir de hoy, y es muy probable que lo logre, en vista de que esos trabajadores han participado ya en varios bloqueos de la vía entre Oruro y el sur del país.
Aunque la protesta se concentra principalmente en el Altiplano, el gobierno del presidente Sánchez de Lozada está enfrentando demasiados temas conflictivos, que lo debilitan cada vez más. El cierre de las carreteras que realizan los aimaras en toda la geografía del lago Titicaca se realiza a las tres semanas de que el gobierno promulgara una ley por la cual prohíbe ese tipo de protestas con penas de cárcel.
Además de enfrentar las protestas de obreros y campesinos, el gobierno debe hacer frente a un déficit fiscal que ha trepado hasta niveles históricos. Eso obliga a Sánchez de Lozada a tomar decisiones que aumentan la tensión.
El FMI ha autorizado al gobierno boliviano a tener un déficit, hasta diciembre, equivalente a 7 por ciento del PBI, un nivel muy alto que, sin embargo, será difícil de cumplirse. Una anterior estimación del organismo situó el déficit hasta diciembre en 9,4 por ciento del PBI.
Para reducir el déficit, el gobierno intentó aumentar impuestos y rebajar salarios y pensiones a los jubilados. Uno de estos últimos se metió hace pocos días en un ataúd y amenazó con beber un veneno para ratas si el gobierno no revertía la medida. Logró que, en su caso personal, el gobierno cambiara la decisión, pero se cree que todos los demás jubilados comprendidos en la medida puedan lograr lo mismo, incluso usando el mismo método.
Otro flanco que tocó el gobierno es el de las empresas petroleras, a las que intenta obligar a pagar más impuestos, aunque sin modificar la ley de hidrocarburos sino con ajustes específicos. Hay mucha molestia empresarial.
Pero lo que más enfurece a las petroleras es la demora del gobierno para decidir la ruta por la cual deberá salir al Pacífico el gas natural licuado con destino a los Estados Unidos.
El consorcio conformado para la exportación, Pacific LNG, está integrado por Repsol-YPF, British Gas y British Petroleum, y anuncia que tiene el compromiso de venta a la empresa californiana Sempra Energy.
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